La campaña política para las elecciones del 28 de mayo que se inició el día 12 ha puesto de relieve que ninguna de las fuerzas que se proponen para los ayuntamientos o las autonomías responde a los intereses de los trabajadores. En primer lugar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la expresión más clara del engaño a los trabajadores. Lleva en el gobierno desde que el voto de censura derribó al presidente Mariano Rajoy del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que Rajoy cayó tras las sesiones parlamentarias del 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. Es decir hace cinco años. La lucha por los cargos entre PSOE y Unidas Podemos impidieron un gobierno de coalición tras la moción de censura. Esa situación acabó en una nueva convocatoria a elecciones casi un año después, el 28 de abril de 2019. Estas elecciones dieron paso a un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y a la segunda investidura de Pedro Sánchez apoyado por el bloque formado por: PNV, Bildu, ERC, y Más País.
La experiencia de estos cinco años con partidos en el gobierno que se dicen de izquierda y con el apoyo habitual, aunque no siempre homogéneo, del bloque de investidura, ha dejado un saldo neto contrario a los intereses de los trabajadores. En primer lugar ninguna de las promesas electorales de calado, como la derogación de las reformas laborales, de las reformas de las pensiones, de la Ley Mordaza, se ha hecho efectiva. Por el contrario tenemos una reforma laboral que no ha restablecido los derechos perdidos por los trabajadores sino que por el contrario ha agravado su situación enmascarando problemas como el paro en general y el paro juvenil en particular. La reforma de las pensiones está destinada a profundizar la privatización del sistema público de pensiones y la apertura del mercado para los planes privados de pensiones de empresa y los planes privados de pensiones europeos. Mientras tanto el Partido Popular (PP) hace una campaña en la que se postula como mejor opción para el funcionamiento de la economía, ocultando que su objetivo es agudizar la entrega de los recursos de la sociedad al capital.
Ante la guerra, silencio
Si hay algo prioritario para los trabajadores no sólo de España sino a escala internacional es poner fin a la guerra de la OTAN en Ucrania. Sin embargo en esta campaña domina el silencio de todos los partidos, sean de derecha o se digan de izquierda, sobre este conflicto bélico. España forma parte del bloque de aliados suministrando armas y municiones a las tropas ucranianas que libran el combate por delegación. Vivimos los efectos económicos y políticos de esta guerra. En primer lugar, porque la adopción de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra Rusia ha supuesto un verdadero descalabro en el suministro de combustibles en particular al norte de Europa pero ha tenido un efecto global en cadena sobre el precio del gas natural y el resto de los combustibles fósiles.
Esto a su turno ha afectado al precio de los fertilizantes y el transporte, y ha disparado los precios de los alimentos en el mundo desatando hambrunas en los países más dependientes. El objetivo de Estados Unidos, la potencia dominante en la alianza Atlántica, es el espacio económico de Rusia y el Asia Central. Mientras tiende un cerco sobre China. Es decir estamos ante una guerra que intenta asegurar la supervivencia del capitalismo a expensas de la integración de los espacios económicos de Rusia y China por el imperialismo.Los trabajadores somos los que más padecemos las consecuencias de esta guerra. Esta en nuestro interés que se ponga fin a la carnicería. Pero una posición de clase independiente de los trabajadores supone luchar por el derrocamiento de los gobiernos restauradores del capitalismo en Ucrania y Rusia y su sustitución por gobiernos de trabajadores en ambos países. Sobre esta cuestión central que está en el interés de los trabajadores de España y del mundo, no hay un solo partido en esta campaña electoral que tenga una posición de defensa de la clase obrera.
El giro a la derecha
El PP ha girado claramente a la derecha en su discurso presionado por Vox, un partido que le ha comido terreno electoral con un mensaje más radical que se postula como la verdadera derecha española. Lo curioso de la situación electoral es que ninguno de los partidos concreta un programa con claridad. El PSOE ha basado su campaña a último momento en una maratón de medidas supuestamente destinadas a mejorar las condiciones sociales y laborales de los españoles, como una ley inservible de vivienda, la promesa de un incremento en la inversión pública para viviendas sociales, una serie de ayudas económicas a los jóvenes y al sector agrario. Pero ninguna de estas decisiones tardías suponen realmente una alternativa para los trabajadores. Son medidas cosméticas como las que ya ha tomado en sus cinco años de gobierno.
Mientras tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha promovido Sumar, una coalición electoral que tomando como eje a Izquierda Unida ha llegado a acuerdos con Más País, Equo, y otras formaciones locales como Compromis en Valencia que gobierna allí con el PSOE. Díaz, que fue encumbrada por el propio Pablo Iglesias en el momento de su dimisión del Gobierno como su sucesora, se la ha jugado ahora a Podemos porque no está dispuesta a ceder cargos a esta última formación antes de las elecciones municipales y autonómicas porque espera un fracaso electoral de Podemos. La propia ministra declaró en un programa de televisión que “esta es una discusión sobre cargos y sobre dinero”, en una alusión directa a los subsidios proporcionales a la votación que los partidos reciben.
La sorda guerra entre IU y Podemos se ha venido desarrollando incluso en el seno del gobierno. En vísperas de las elecciones andaluzas en mayo del año pasado un ajuste de cuentas por la falta de acuerdo sobre las listas electorales llevó a la destitución del secretario de estado para la agenda 2030, el secretario general del PCE Enrique Santiago, por la ministra de derechos Sociales Ione Belarra coordinadora de Podemos. Por su parte la ministra de Igualdad, Irene Montero, destituyó a la dirigente comunista Amanda Mayer como su jefa de gabinete.
Un cerco contra la movilización de los trabajadores
Pero mientras estas cosas pasan por arriba la verdadera columna vertebral de la situación que se vive en España es responsabilidad directa de las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, quienes se han empeñado en mantener la estabilidad política luchando a brazo partido contra la proliferación de conflictos salariales y por las condiciones de trabajo en todo el país. No sólo eso sino que han militado de forma consecuente para impedir que las reivindicaciones de la lucha contra la reforma de las pensiones sea tomada en sus manos por los trabajadores en activo. Entre otras cosas porque esos sindicatos son rentistas de los planes privados de pensiones de empresa de los que reciben comisiones. Los esfuerzos de CCOO y UGT en ese sentido son vitales para que el PSOE y UP impongan sus objetivos contrarios a los intereses de los trabajadores. Han construido un verdadero cerco en torno a los conflictos laborales y sociales para evitar su confluencia.
Las centrales sindicales cerraron el 10 de mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que establece un incremento salarial del 10% entre 2023 y 2025 saludado por los portavoces del Gobierno y de un sector de la burguesía como el periódico El País, mientras el PP mantiene un llamativo mutismo. La propuesta supone un 4% de aumento este año y un 3% en los dos años siguientes. Este aumento representa una brutal pérdida salarial para los trabajadores con un incremento del IPC en 2022 del 5,7% cuya compensación no está contemplada por este acuerdo. Sin contar con el hecho que la media del IPC oculta que por ejemplo la alimentación ha aumentado un 14% en los últimos 12 meses, por dar solo un ejemplo. Por añadidura en el acuerdo se ha planteado el ausentismo laboral y de la mano de este la delegación en las mutualidades y no en la sanidad pública de los partes de baja. ¡Era lo que faltaba!
A lo largo de este año han estallado luchas considerables en la sanidad y la educación, en varias comunidades al mismo tiempo, mientras las centrales sindicales evitaban convocar a una huelga general acusando de paso a los médicos, por ejemplo, de una lucha por sus intereses corporativos en lugar de tomar ese conflicto como eje para la lucha de todos los trabajadores de la sanidad.
Por una salida obrera independiente
Ha sido la actividad de las centrales sindicales, su militancia en contra de la confluencia de las reivindicaciones sociales y salariales a nivel nacional en una huelga general, lo que desmoviliza a los trabajadores y junto con la política del gobierno amenaza con provocar una fuerte abstención electoral entre los trabajadores junto con la posibilidad de que sectores desencantados por la acción de la coalición de gobierno y sus aliados los castigue dando su voto a Vox. Algunas organizaciones de la izquierda radical que perciben este peligro han organizado campañas en contra del abstencionismo sin determinar a quién llaman a votar alertando contra el peligro del avance del fascismo en España. Estas corrientes en todo caso deberían preguntarse porqué la derecha crece bajo el gobierno de coalición PSOE UP.
La lucha contra el abstencionismo para impedir el avance de la derecha es un eje falso. No hay en España una corriente popular entre los trabajadores y la pequeña burguesía de apoyo a una salida fascista. En todo caso los sectores más próximos a una salida de la extrema derecha anidan en la judicatura, las fuerzas armadas y el clero. Los tres pilares de la reacción en nuestro país carecen sin embargo de apoyo social para sus objetivos. Y los principales responsables de una corriente abstencionista son precisamente las fuerzas políticas que han disfrazado las medidas y leyes contrarias a los intereses de los trabajadores de conquistas progresistas, desde la reforma de las pensiones hasta la denominada ley de Libertad Sexual. Unidas Podemos ha desnudado de forma brutal su papel como facilitador de la acción anti obrera del gobierno con un discurso de izquierda y el argumento de que carecen de fuerza para obligar al PSOE a cumplir con las promesas electorales como la derogación de las reformas laborales, de pensiones, o de la Ley Mordaza. Mientras tanto han evitado tocar la ley 15/97 que permite la privatización del sistema sanitario público.
El PSOE, Sumar y Podemos agitan el peligro fascista en un intento desesperado de aumentar su caudal de votos que los sondeos electorales pronostican como débil. No hay una alternativa electoral que sirva a los intereses de los trabajadores. Ante las próximas elecciones es esta cuestión la que salta a la vista. Es necesario por lo tanto trabajar por la organización política independiente de la clase obrera para que rompa con la tutela de los partidos que se proclaman de izquierda mientras sirven a los intereses del capital con la colaboración de las direcciones sindicales burocráticas.
En estas condiciones el voto en blanco es una forma de rechazar esta situación ante la ausencia de opciones independientes de la burguesía y la burocracia por parte de la izquierda que se reclama de clase, marcando de este modo la necesidad de una salida obrera al margen de los intereses capitalistas. El Grupo Independencia Obrera llama a votar en blanco en las elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo. Contra el izquierdismo que sirve a los intereses del capital hay que organizar a la vanguardia de los trabajadores en asambleas en los lugares de trabajo y en los barrios para impulsar una huelga general por las condiciones de trabajo y el salario, por la sanidad pública y la educación, por la derogación de las reformas laborales y de las pensiones.
